COMUNICADO A LA COMUNIDAD ACADÉMICA Y A LA OPINIÓN PÚBLICA
La Universidad está en crisis, con lo que no decimos nada nuevo. En boca de todos los sectores está el discurso de revertirla, pero las acciones propulsadas hasta ahora tanto por el gobierno como por las propias Universidades no llevaron a ello, sino a una profundización del actual proceso de mercantilización de la educación superior. Hoy día se considera a la educación superior un bien transable de compra y venta, desmeritando con ello su carácter de derecho humano universal. Asimismo, siendo la Universidad un actor estratégico en el desarrollo de la Nación, su crisis se encuentra totalmente relacionada con el estado de pobreza, atraso y opresión que vive el país.
Actualmente se encuentra en tratamiento en el Congreso Nacional una nueva ley de Reforma de la Educación Superior, presentada el año pasado por la ex Ministra de Educación Blanca Ovelar en la figura del Consejo Nacional de la Reforma para la Educación Superior.
El proceso de elaboración de este anteproyecto de Ley se desarrolló sin la participación de los estamentos organizados de la comunidad académica, así como otros sectores organizados interesados en este tema crucial. Aparte de su proceso antidemocrático, el proyecto en sí no presenta soluciones a los problemas de la Universidad y la Sociedad, sino que mantiene -y en otros casos profundiza- el actual modelo de Universidad y Sociedad que se hace urgente transformar.
La situación de las Universidades actualmente es bastante preocupante: progresivo proceso de privatización que se profundiza cada vez más, muy bajo presupuesto General de la Nación destinado a las Universidades Públicas, masiva y arbitraria apertura de Universidades sin un mínimo control de calidad, y solamente un 3% de la población con posibilidades de acceso al derecho universal de la educación superior.
Este anteproyecto de Ley, entre varios otros puntos preocupantes, cercena totalmente la autonomía universitaria a través de la creación un órgano superpoderoso que centraliza todas las decisiones, y profundiza la privatización de la Educación Superior a través de varios mecanismos de "autofinanciamiento" que representan el cobro de aranceles en varios ámbitos, e incorpora a los grandes grupos de poder empresarial en los órganos máximos de decisión, excluyendo a los actores de la comunidad académica.
El principio de la autonomía universitaria, conquista histórica del movimiento estudiantil latinoamericano, garantiza a las universidades el derecho a conformar sus propios órganos de gobierno, compuestos por representantes de sus diferentes estamentos, y a tomar sus decisiones internas con total independencia del gobierno o demás instituciones ajenas a la universidad, constituyéndose así en espacios reales de transformación de la sociedad, ajenas a las influencias del poder político hegemónico. Si bien este ideal no se cumple a cabalidad hoy día, este proyecto de ley reglamenta su práctica abolición, dejando el gobierno de las Universidades a merced del poder político de turno, así como del grupo político-empresarial.
Como si todo esto fuero poco, con respecto a la estructura de gobierno de las universidades públicas -actualmente de carácter antidemocrático por la participación básicamente testimonial y minoritaria del estamento estudiantil en los órganos de la misma- profundiza esta exclusión, eliminando la Asamblea Universitaria como máxima instancia de decisión. Asimismo, no se garantiza la paridad en todos los órganos de gobierno, como tampoco la elección de autoridades por voto directo universal: dos principios básicos para hablar de la democratización real de la Universidad. Por último, se crean Rectores y Decanos súper poderosos con el ilegítimo derecho a veto respecto a las resoluciones de sus respectivos consejos.
Este proyecto de ley no puede ser aprobado en estas circunstancias. El proceso de Reforma de la Educación Superior no se limita a una ley, y debe ser fruto del profundo debate de la comunidad académica como de la sociedad toda en torno al modelo de Universidad, y su plan estratégico para el desarrollo nacional. La educación es un derecho universal que debe ser garantizado, por lo que reivindicamos la calidad de la Educación Superior como bien público, no como mero bien comercial.
Como estudiantes universitarios y universitarias, rechazamos la aprobación de este proyecto de Ley de Educación Superior, dado que el modelo de universidad que el mismo pretende reafirmar, no es el que se necesita para un desarrollo integral hacia un país para todas y todos. La aprobación de este proyecto representaría un profundo retroceso en conquistas fundamentales del movimiento estudiantil, así como un grave atentado a la democracia y por ende, a la sociedad en general, por lo que llamamos a defender la educación y la democracia, y no permitir la aprobación de este proyecto.
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